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jueves, 25 de abril de 2013

LA PIÑATA SANDINISTA LE A COSTADO AL PUEBLO 1283.7 MILLONES DE DOLARES Y SIGUE EL RANCHO ARDIENDO.




El procurador General de la República, Hernán Estrada, reveló ayer que 1,283.7 millones de dólares ha pagado el Estado de Nicaragua, en concepto de indemnización a 7,510 ciudadanos de diferentes nacionalidades, por propiedades que fueron confiscadas por el Gobierno sandinista en la década del ochenta.

“Les hemos cumplido a todos, no solo a los ciudadanos estadounidenses”, recalcó el funcionario, mientras destacaba los logros del Gobierno de turno, durante la ponencia titulada La Propiedad en Nicaragua: Un esfuerzo de todos, impartida al sector empresarial del país y diplomáticos.

A esta cifra se le deben sumar 22.5 millones de dólares calculados por la Procuraduría para pagar los 285 casos pendientes por resolver.

“Esos 285 casos pendientes son de ciudadanos estadounidenses, con los cuales se concluiría la lista del Waiver de la propiedad”, detalló Estrada.



Los 1,283.7 millones de dólares se han pagado desde 1993 al 2013 (20 años), indicó el procurador Estrada, quien recalcó que desde el 2007, cuando el partido sandinista tomó nuevamente el poder, al 2013 se han pagado 72.4 millones de dólares en concepto de indemnización por propiedades confiscadas.

CIUDADANOS PAGAMOS PROPIEDADES


Para el economista René Vallecillo el Estado de Nicaragua lo que ha pagado es “paz social, porque de lo contrario tendría que haber sacado de sus propiedades a muchas personas beneficiadas por reforma agraria. El problema es que detrás de esos pequeños se esconden grandes personajes que se beneficiaron haciéndose de grandes casas y fincas”.

La cifra pagada hasta ahora producto de las confiscaciones de la década del ochenta, “equivale al 60 por ciento del Presupuesto General de la República”, indicó el economista.

“Esos 1,283.7 millones de dólares divididos en 20 años equivalen a un pago promedio de (más de) 60 millones de dólares al año, que podrían haberse utilizado para educación, salud, infraestructura, pero el Gobierno decidió pagar paz social”, dijo el economista.

Al final de cuentas, dijo Vallecillo, “quien ha pagado las confiscaciones de propiedades hemos sido los ciudadanos nicaragüenses a través de los impuestos que pagamos”.

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