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lunes, 28 de mayo de 2012

REFORMA ELECTORAL ORTEGUISTA ELIMINA PLURALISMO POLÍTICO.


A menos de un mes de que el señor Ortega enviara la iniciativa de reforma electoral a la Asamblea Nacional, esta fue aprobada con el respaldo opositor. Se destaca como logro el tema de los cambios en la acreditación de los fiscales, que sin duda contribuirá a transparentar el proceso, pero hay reformas importantes que atentan contra el pluralismo político y refuerzan un bipartidismo conveniente para el principal grupo opositor.
El pluralismo político es la concurrencia de varias ideologías e intereses que tienen como punto de partida la tolerancia y el respeto; esta no se limita a la existencia de varios partidos políticos, sino a la posibilidad real de que estos puedan competir en condiciones de igualdad en un sistema electoral diseñado para una convivencia libre de coacciones entre grandes y pequeños partidos.
Si bien es cierto el pacto Alemán-Ortega afectó gravemente el pluralismo, también este se ve diezmado por los recientes cambios electorales de la llamada Ley 50-50 y la ampliación del número de concejales. En las elecciones municipales de 2008 los conservadores y el MRS nos atrevimos a desafiar a un bipartidismo sin éxito por la falta de institucionalidad del CSE, hoy se triplican los obstáculos para desafiar el bipartidismo con la reforma electoral.
En cuanto al tema de género, el 8 de marzo de 2012 la Asamblea Nacional aprobó una ley enviada con carácter de urgencia por Ortega en la cual se reforma la Ley 40, Ley de Municipios y se obliga a los partidos políticos a inscribir fórmulas para alcaldes y concejales compuestas por un hombre y una mujer.
Establecer esta nueva obligación para los partidos políticos, sin aparejar un mecanismo que les permita a nivel interno promover la equidad de género es desproporcionado y atenta contra el pluralismo político al amenazar su existencia; además, obstaculiza la libertad de asociación, ya que no se está pidiendo una simple cuota, sino que se impone un esquema inflexible (inexcusable fórmula hombre-mujer) que además niega la posibilidad de la participación de otros sectores que ameritan una acción afirmativa para su representación, como la juventud.
Por otra parte, el incremento del número de concejales es una invención orteguista que no tiene que ver con el derecho a la igualdad del voto que quieren vender. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea recomendó (recomendación número 8) revisar la asignación de escaños en la Asamblea Nacional, ya que en algunos departamentos se requiere más votos que en otros para obtener un diputado, eso se debe a que la población ha crecido de forma desigual en los últimos 30 años.
En este sentido, Ortega propone el incremento de concejales pero es una distorsión de la observación, ya que la elección de diputados es una misma y la de los concejos son 153 diferentes. Es decir, tiene coherencia que en la elección de los diputados valga lo mismo un voto en Matagalpa como en León, pero en los municipios la igualdad del voto se mide en relación a los mismos habitantes de dicha circunscripción, el voto de Pedro y Juan deben valer lo mismo para elegir a un concejal de su ciudad.
Curiosamente, al principal grupo opositor esto le otorga una ventaja doble, por una parte aunque pierda abrumadoramente la elección mantendrá o incrementará el número de sus representantes en el Concejo, y por la otra, al dificultárseles a otros partidos más pequeños ir solos a las elecciones locales, se ven obligados a ir en coalición reforzándose así el bipartidismo.
Defender la autenticidad de un sistema electoral (transparencia del proceso) es tan importante como promover el pluralismo político, ya que este promueve la competencia entre la clase política, lo que termina incidiendo en la calidad de la democracia.
De igual manera, el pluralismo político permite la renovación de la credibilidad de la población en los partidos políticos, y por ende, en el sistema democrático mismo. La visión a corto plazo de la clase política sobre el tema, no sólo afecta la calidad de nuestra democracia sino repercutirá en su legitimidad representativa.

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