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domingo, 30 de octubre de 2011

REFLEXIONES DEL PROCESO DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE NICARAGUA.



Nicaragua está inmersa en el ambiente producido por la cercanía de las elecciones el próximo 6 de noviembre, fecha en que el país deberá elegir al presidente y vicepresidente de la República y a los diputados a la Asamblea Nacional y al Parlamento Centroamericano.

Es obvio que tratándose de una decisión de tal trascendencia, la vida nacional se vea influida por el tema electoral en muchas de sus expresiones; sin embargo, las anomalías que afectan al proceso, en particular, y a la situación institucional, en general, hacen que lo que debía ser una actitud colectiva natural, aunque envolvente, se vea oscurecida por las sombras que tal circunstancia produce.

Son muchas las irregularidades que crea ese clima de desconfianza e incertidumbre. La inconstitucionalidad de la candidatura del presidente de la República; la emisión de decretos presidenciales que violan la Constitución; la continuidad en sus funciones de magistrados con período vencido; la conformación de facto del Consejo Supremo Electoral; la rehabilitación de un artículo transitorio de la Constitución cuya vigencia se ha extinguido desde hace muchos años; la incapacidad de la oposición para hacer frente en el parlamento, a pesar de ser mayoría, a estas anomalías y de presentar unidos un proyecto estratégico; la utilización de las instituciones del Estado con fines políticos y la confusión Estado partido, entre otras.

Todo esto produce desconfianza e incertidumbre sobre los hechos políticos inmediatos, pero denota, además, profundas deficiencias culturales y estructurales en lo que se refiere a la teoría y práctica de la política en nuestra realidad.

La política ha sido definida como un arte. El arte del bien común la llamaron los filósofos griegos Sócrates, Platón y Aristóteles hace aproximadamente 2,500 años y los teólogos y filósofos de la Edad Media y el Renacimiento. El arte del poder le llamó Maquiavelo en 1513 en El Príncipe. El arte de los límites le han llamado escritores contemporáneos.

El fin del poder como ejercicio de la política es el bien común y su actuación es legítima cuando está de acuerdo con la Constitución y las leyes. En este orden de ideas se podría decir que la política es el arte de la legitimidad. El intento permanente de conciliar y equilibrar el poder y la justicia, el interés individual y el interés social, evitando, por una parte la fragmentación y desarticulación; y por la otra, el absolutismo del Estado, el partido o el mercado.

La crisis de la política en nuestro país se expresa, sobre todo, en la separación entre los intereses de la clase política, absorbida principalmente por el tema del poder, y las necesidades reales de la población. Nicaragua es una pirámide cuyo vértice, el vértice político, está desagregado del cuerpo de la misma, y este, a su vez, está dividido en compartimientos estancos.

Lo que se denomina el cuerpo social está desarticulado en una serie de estamentos que únicamente responden a sus propósitos específicos y sectoriales, sin relación entre sí ni integración a los objetivos generales de la nación. En estas condiciones, el país es un archipiélago de intereses inconexos sin un objetivo común que dé sentido nacional a los intereses particulares y haga posible la Unidad en la Diversidad.

Una crisis es algo que requiere atención y solución. La palabra crisis viene del griego krinein que significa selección y decisión. ¿Qué decisión debemos tomar hoy en Nicaragua? Creo que inevitablemente la búsqueda de una opción que garantice la democracia, la institucionalidad y la alternabilidad en el poder, y que, por lo mismo, excluya la autocracia, que tanto daño ha causado al país. Pero también, es imperativo construir, en el momento oportuno, que debería ser muy pronto, una propuesta estratégica, un Contrato Social que sustente un nuevo proyecto de país. Hay momentos en la historia de los pueblos en que estos acuerdos se vuelven imprescindibles para construir o reconstruir el tejido nacional y restaurar la fractura de una sociedad fragmentada.

Cuando falta el acuerdo comunitario, que es el punto de convergencia de los intereses diversos, la sociedad desaparece sustituida por la anarquía y la violencia, o por el poder de una persona o de un grupo social, económico o político que impone su voluntad a los demás. Es el poder totalitario que excluye el verdadero sentido de autoridad.

La situación que vivimos exige respuestas apropiadas. No podemos seguir dando viejas respuestas a viejas preguntas. Necesitamos, como dice Octavio Paz, nuevas respuestas a las viejas preguntas, y sobre todo, diría yo, nuevas respuestas a las nuevas preguntas.

La respuesta a las preguntas sin responder y a las nuevas que pueden surgir, exige fortalecer el sistema legal e institucional de límites al poder, y establecer políticas estratégicas en el orden social, económico e institucional, principalmente en el ámbito del empleo, la educación, la vivienda y la salud. Las instituciones deben integrar y expresar esta voluntad social y facilitar su ejercicio. De ahí deriva su justificación y su legitimidad. Las instituciones deben ser vasos comunicantes que hagan posible la capilaridad y permitan, a través de ella, que la voluntad colectiva pueda expresarse e irrigar a todo el cuerpo social.

El Estado debe ser ciudadanía en ejercicio, de ella proviene, a ella integra y en ella está integrado. El tejido legal debe estar al servicio de la idea de la descentralización que conlleva tanto la desconcentración del poder mediante la transferencia de funciones y recursos a los poderes locales, municipales y departamentales, como el cuidadoso diseño, legalmente respaldado, de los mecanismos fluidos y flexibles de participación ciudadana.

Para nuestro país sigue en agenda, junto al reto de la desconcentración del poder, el de la integración entre legalidad y legitimidad, libertad y justicia, institucionalidad y desarrollo social, pues mediante la activación de ese doble mecanismo, de descentralización, por una parte, e integración, por la otra, se podría superar la dicotomía creada y manipulada ideológicamente, entre democracia representativa y democracia participativa, dando paso a una práctica unitaria en la que se realice su verdadero concepto, sentido y naturaleza.
referencia.alejandro serrano / OSIRISMELISA

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