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viernes, 28 de octubre de 2011

EL DILEMA DE LAS DECISIONES POLÍTICAS-CONSTITUCIONALES DE ORTEGA.


Por e
Como todas las decisiones que adopta la sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que tienen implicaciones políticas, la última palabra sobre si inhiben o no a última hora a los candidatos de la Alianza PLI, no recae sobre los magistrados sino que está en manos del Presidente y candidato a la reelección Daniel Ortega. Se trata de una decisión política, no jurídica, y en un país donde no existe el estado de derecho, el gobernante autoritario es quien sopesa los costos o las ventajas políticas que le podría traer una decisión de este calibre.

Así ocurrió con la sentencia que le abrió el camino atropelladamente a la reelección, aquella truculenta conspiración en la que se decretó “inconstitucional” la Constitución de la República, reformando por las vías de hecho el artículo 147 Cn. Entonces Ortega sabía los riesgos en que incurría y los costos políticos que representaba semejante aberración jurídica. Pero no le tembló el pulso a la hora de someter a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo Supremo electoral a un desgaste extremo, en aras de su reelección.

El siguiente paso en su estrategia fue intentar recuperar la legitimidad perdida. A regañadientes, se acreditó a las misiones de observación electoral de la OEA y la Unión Europea a participar como “acompañantes”, en condiciones a las que no quiso someterse el Centro Carter. Y eso es precisamente lo que está en juego en el caso de las inhibiciones: la observación electoral internacional. De la decisión que adopte Ortega dependerá que se mantengan o desaparezcan las condiciones mínimas para la observación electoral internacional, que es lo único que podría darle alguna credibilidad internacional al resultado electoral de un proceso que ha estado plagado de ilegalidades desde el inicio.

El Libro Blanco que ya está preparado sobre las irregularidades del proceso electoral ha sido ampliamente documentado desde mucho antes de la elección del seis de noviembre. Empezando por la candidatura ilegal de Ortega; la invitación tardía a la OEA y la Unión Europea a observar; el bloqueo arbitrario a las organizaciones nacionales como Etica y Transparencia, IPADE y Hagamos Democracia; las evidencias sobre la cedulación partidaria y los obstáculos a la población para obtener su documento de identidad; el control absoluto que el FSLN ejerce sobre el Consejo Supremo Electoral y todas sus estructuras, hasta las propias Juntas Receptoras de Votos; al abuso con los recursos del estado y la propaganda partidaria en las instituciones públicas; las violaciones a la ley electoral a la vista y paciencia de un Fiscal Electoral que merece un monumento al cinismo político; pero si por encima de todo esto se impusiera ahora un zarpazo para descabezar a la alianza política que ocupa el segundo lugar en todas las encuestas, es de suponerse que en esas circunstancias, ya no tendría ningún sentido la observación electoral internacional.

Las elecciones requieren un mínimo de certidumbre sobre las reglas del juego que permitan una competencia electoral creíble en condiciones aceptables. ¿Cómo podría el candidato Ortega justificar ante el mundo la inhibición de 50 candidatos a diputados de la principal fuerza política opositora, a menos de tres semanas de la elección, después de que éstos ya fueron debidamente inscritos por el CSE? ¿Cómo podría explicar el eventual retiro de la fórmula presidencial de la alianza PLI-UNE Gadea-Jarquín, en protesta por las inhibiciones? ¿Qué legitimidad nacional e internacional tendría un futuro gobierno de Ortega elegido en unos comicios sin competencia, sin una oposición verdadera y sin observación internacional?

De manera que Ortega debe decidir si quiere o no la observación internacional, para que las elecciones se sometan a un escrutinio imparcial y tengan algún viso de legitimidad. El sentido común de la racionalidad política, y lo que algunos de sus consejeros le están recomendando a Ortega, indica que no caerá la guillotina sobre las cabezas de los candidatos del PLI-UNE la próxima semana. Pero la persistencia del pactismo PLC-FSLN sugiere que la decisión final sobre este asunto podría ser engavetada en el limbo político-jurídico, para pasar facturas a los diputados que resulten electos, y ajustar así a posteriori la correlación de fuerzas legislativa. Para Ortega, esta salida puede representar el menor costo político; pero una inhibición a medias siempre será una inhibición de facto.

Por eso los partidarios de la alianza PLI-UNE, no deberían apostar a la presión internacional como su tabla de salvación en estos momentos de incertidumbre. Con esa lógica errónea actuaron los líderes de la alianza PLC-Vamos con Eduardo en el 2008 cuando desmovilizaron al pueblo después del fraude electoral municipal, y al final, a pesar de la presión internacional, incluidas sanciones como la suspensión de la Cuenta del Milenio y la ayuda presupuestaria, se impuso el fraude y la represión, desembocando en una crisis permanente de la oposición, mientras el pueblo pasó de la indignación a la resignación.

Es hora de aprender la lección del 2008: lo único que puede garantizar el surgimiento de una verdadera alternativa opositora creíble ante los ojos del electorado, que pueda desafiar el poder del orteguismo, es la protesta y la movilización popular. Esto también entraña altos costos y riesgos para los líderes opositores, pero no tienen otra alternativa. Sólo una fuerza política que haga respetar a sus candidatos hoy, organizando una férrea defensa del voto, y mañana, si resultaran electos, puede sembrar la semilla de una solución del problema nacional a mediano plazo. 
Referencia:Confidencial.

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