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viernes, 19 de agosto de 2011

INHIBICIONES A DIPUTADOS =PACTO PLC-FSLN.

INHIBICIONES A DIPUTADOS =PACTO PLC-FSLN.:


El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) pidió al Consejo Supremo Electoral (CSE) que prohibiera la candidatura a diputado del antiguo comandante de la Resistencia Nicaragüense y ahora disidente del PLC, Maximino Rodríguez, quien fuera postulado por la alianza electoral PLI-UNE. Se trata de un claro acto de canibalismo político, y para ayudar al PLC el Consejo Supremo Electoral satisfizo su petición mediante su Dirección de Atención a Partidos Políticos recurriendo a un subterfugio “legal” que podría sentar un precedente jurídico y político muy peligroso.

El PLC sustentó su petición de eliminar a Maximino Rodríguez como candidato a diputado de la alianza PLI-UNE, con la acusación de “usar símbolos, emblemas y siglas del PLC”, así como por “nomadismo político”, pues según la acusación Rodríguez fue “electo una vez por el PRN (Partido de la Resistencia Nicaragüense), reelecto por el PLC y ahora corre (sic) por la Alianza PLI”. Sin embargo, en la legislación nicaragüense que regula la materia electoral no existe tal “delito” o causa que justifique la prohibición de la candidatura de algún ciudadano nicaragüense a ser elegido para ejercer un cargo de elección popular. De manera que, actuando contra derecho y ley expresa, el organismo del CSE que tutela los partidos políticos invocó el “derecho comparado”, para justificar la prohibición de la candidatura parlamentaria del excomandante de la Contra y disidente del PLC

En la sentencia contra Maximino Rodríguez se alega que “en el derecho comparado ya existen legislaciones que sancionan el transfuguismo político. Se puede citar como ejemplo —arguye el organismo del Consejo Supremo Electoral— la legislación electoral colombiana que recientemente incorporó a la Constitución Política de esa nación, arto 107 la “Prohibición de la doble militancia partidaria”. Y sigue diciendo la irregular sentencia: “Agrega el doctrinario colombiano Guillermo Francisco Reyes González, en su obra ‘El nuevo orden político y electoral en Colombia’, que esta prohibición constituye un pilar fundamental , que sin duda ‘configura en las agrupaciones políticas la característica de rigidez y disciplina; las obliga a estructurarse en forma organizada, con finalidades definidas y medios de acción claramente determinados, pero sobre todo, con militancia comprometida en los objetivos de la agrupación política a la que pertenecen’”.Pero la doctrina del derecho comparado no es para aplicar de manera caprichosa disposiciones legales vigentes en otros países, y mucho menos para justificar arbitrariedades y abusos de poder legal. Con ese criterio torpe y esa actitud irresponsable, se podría justificar la aplicación en Nicaragua de las disposiciones legales más antidemocráticas y criminales que existen en países fuertemente dictatoriales, como por ejemplo: Irán o Corea del Norte.

osirismelisa/15080011



Con la teoría del derecho comparado aún considerada como mera doctrina, se recomienda tener la máxima prudencia porque es algo muy delicado que puede dar pie a interpretaciones sesgadas y aplicaciones arbitrarias. “Ante la profusión legislativa en todos los países, un Derecho Comparado universal resultaría monstruosa superenciclopedia jurídica, de imposible lectura hasta para los más longevos”, advierte el enciclopedista jurídico Guillermo Cabanellas en su gran Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, el cual es consultado regularmente por los catedráticos del derecho, juristas y administradores de justicia en todos los campos. Y agrega Cabanellas que: “De ahí que el comparativismo se limite a determinadas ramas o instituciones, como antecedentes doctrinales u orientación ante reformas legislativas que marcan innovaciones en un país”.

Eso significa que si es necesario tener mucho cuidado con el uso del derecho comparado como teoría legislativa, con mucha mayor razón se debe evitar cualquier trasplante mecánico de leyes vigentes en otros países, a una realidad que seguramente es completamente distinta por múltiples razones culturales, históricas y políticas.

De manera que la eliminación de Maximino Rodríguez como candidato a diputado no tiene asidero jurídico. Sencillamente es otra atrocidad legal de las muchas que se vienen cometiendo desde que Daniel Ortega recuperó el poder en enero de 2007, y además es un acto de canibalismo político del PLC contra la alianza electoral PLI-UNE, quizás porque según las encuestas es la única que podría derrotar en las urnas al FSLN.

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