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miércoles, 29 de junio de 2011

ROBERTO RIVAS Y "CSE" QUIEREN TURISTAS PARA SUPERVISAR ELECCIONES EN NICARAGUA.

ROBERTO RIVAS Y "CSE" QUIEREN TURISTAS PARA SUPERVISAR ELECCIONES EN NICARAGUA.: "
Después de las declaraciones del Presidente de facto del Consejo Supremo Electoral al nuevo canal de televisión de la familia Ortega-Murillo, los nicaragüenses estamos bien claros sobre el tipo de observación electoral internacional que tiene en mente reglamentar el CSE: un ineficaz “acompañamiento” de última hora, sujeto a grandes restricciones, entre ellas la amenaza de ser expulsados del país si tienen la osadía de opinar sobre lo que vean.

En primer lugar, conviene recordar a los integrantes de facto del CSE que la Constitución Política, en el numeral 6 de su Art. 173, establece la obligación que tiene ese organismo de “Dictar de conformidad con la ley de la materia, las medidas pertinentes para que los procesos electorales se desarrollen en condiciones de plena garantía”. Una de las mejores garantías para que se cumpla este mandato constitucional sería elaborar y aprobar un reglamento para la observación electoral que se ajuste lo más posible a las normas contenidas en la “Declaración de principios para la observación internacional de elecciones y Código de conducta para observadores internacionales de elecciones”, suscrita en las Naciones Unidas el 27 de octubre de 2005.

Uno de esos principios establece la garantía de que la misión de observación electoral tendrá libertad para emitir, sin interferencia alguna, declaraciones públicas de informes sobre sus comprobaciones y recomendaciones acerca de los procesos y acontecimientos conexos con la elección.

Además, si desde el año 2009, se extendió invitación a la Unión Europea para que envíe una misión de observación, tampoco puede ignorarse que existe el “Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral”, aprobado por el Consejo de Europa en 1989. Dicho Código rechaza que se impongan limitaciones inaceptables a los observadores electorales.

Nicaragua también tiene el compromiso de cumplir con la “Carta Democrática Interamericana “, que incluye, entre los principios de la democracia, la transparencia de los procesos electorales.

Pareciera, entonces, que la intención del CSE es aprobar un reglamento y establecer unas condiciones a la observación electoral internacional inaceptables para los organismos internacionales (Unión Europea, OEA, Centro Carter). Y es que, difícilmente, un organismo internacional serio podría aceptar enviar una misión de observadores electorales para que, por las humillantes limitaciones que se les impongan, se les reduzca al papel de simples comparsas del fraude que a todas luces se viene preparando, dado el cúmulo de irregularidades que hasta hoy ha cometido el CSE de facto.

Los únicos que aceptarían una invitación de tal naturaleza, como ya lo han hecho en el pasado, serían los flamantes señores del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA), quienes jamás han visto nada irregular. Ellos no se percataron del fraude electoral cometido en las elecciones municipales del 2008.

En otras palabras, el CSE se prepara a aprobar un reglamento para la observación electoral internacional que reducirá a los integrantes de esas misiones, que en todo caso llegarían a la etapa final del proceso, en simples “turistas electorales”. Pareciera que ese es el tipo de observación electoral grata al CSE de facto.

El numeral 8 del Art. 10 de la Ley Electoral faculta al CSE a “Reglamentar la acreditación y participación correspondiente a los observadores del proceso electoral”. Ergo, la competencia del CSE se limita a la reglamentación de la institución de la observación electoral nacional e internacional, que es ya, desde el año 1990, un derecho adquirido del pueblo nicaragüense, para garantizar la transparencia de los procesos electorales. No es posible, que unos señores que están actuando de facto, pues sus períodos constitucionales expiraron meses atrás, se empeñen en desvirtuar y en hacer ineficaz la observación electoral, reduciéndola a un simple acompañamiento sujeto a drásticas limitaciones.

Los diputados de la llamada oposición democrática tampoco demostraron suficiente beligerancia para aprobar el proyecto de Ley sobre la Observación Electoral que propuso la sociedad civil, no obstante que existen en la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional, procedimientos parlamentarios para superar la oposición de la Junta Directiva para incluir el proyecto en la agenda del plenario de la Asamblea Nacional."

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