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miércoles, 8 de junio de 2011

LOS NICARAGÜENSES RECLAMAN OBSERVACIÓN EN ELECCIONES.

LOS NICARAGÜENSES RECLAMAN OBSERVACIÓN EN ELECCIONES.: ":chef: :pirate: :ninja:
Pocas veces en nuestra atribulada historia el pueblo nicaragüense se ha visto enfrentado a un proceso electoral tan viciado de ilegalidades como el actual.

En primer lugar, el proceso está siendo organizado y dirigido por un Consejo Supremo Electoral cuyos integrantes están ejerciendo cargos para los cuales no han sido electos por la Asamblea Nacional. Sus períodos constitucionales expiraron hace varios meses y ellos siguen actuando de facto, amparados en un decreto ilegal dictado por el Presidente de la República, que prorrogó sus períodos sin tener facultades para hacerlo.

Este Consejo Supremo Electoral de facto aprobó un calendario electoral sin tomar en cuenta las observaciones que hicieron los partidos políticos. El calendario fue elaborado con varios propósitos perversos, como fue limitar el período para inscribir las alianzas interpartidarias y dejar para el mes de agosto la aprobación del reglamento de la observación electoral, con lo que se limita, intencionalmente, el período para la observación, tratando así de hacerla ineficaz. Un proceso electoral debe ser observado desde su inicio, pues hay etapas claves que se cumplirán antes del mes de agosto, como lo es la cedulación. Y ya vemos todos los abusos que se están cometiendo con la cedulación, que ya deberían estar siendo vistos por los observadores internacionales. Se está cedulando en lugares que no son oficinas del CSE sino sedes de organismos partidarios del FSLN.; se están dando gratuitamente a los empleados públicos mientras se niega o se le cobra un monto exagerado a los otros ciudadanos; y hay denuncias sobre la cedulación de menores de 15 años y de jóvenes que no habrán cumplido los 16 años el 6 de noviembre de este año. A estas alturas, ya deberían estar debidamente acreditados los fiscales de cedulación de los partidos políticos que participarán en las elecciones.

A los partidos políticos aun no se les ha entregado el padrón electoral, que además no ha sido objeto de una auditoría seria en muchos años, pese a que el CSE pudo hacerlo entre una elección y otra. Lo más grave es que este CSE de facto ha inscrito y dado como legal la inconstitucional e ilegítima candidatura del actual presidente de la República, pese a la expresa doble prohibición contemplada en el Artículo 147 de la Constitución Política, cuya vigencia sigue firme, pues la sentencia espuria dictada por la Corte Suprema de Justicia, controlada por el orteguismo, fue dictada por una Sala Constitucional y una Corte Plena constituidas ilegalmente. Además, la Corte no está facultada para reformar la Constitución o declarar inaplicable alguno de sus artículos. Según el Art. 182 Cn. no tienen valor alguno las leyes, tratados o disposiciones que se opongan o alteren las disposiciones de la Constitución.

A todo lo anterior, se suman las fundadas sospechas sobre que se está preparando un gran fraude electoral, desde luego que los actuales magistrados de facto son los responsables del fraude más escandaloso de nuestra historia electoral, como lo es el perpetrado en las elecciones municipales del año 2008. Organismos nacionales de observación electoral, como Ética y Transparencia, han hecho pública su preocupación sobre el riesgo que se corre de un nuevo fraude en cerca del 10% de las Juntas Receptoras de Votos, precisamente en aquellas en municipios donde el F.S.L.N tradicionalmente ha perdido las elecciones.

Ante este cúmulo de arbitrariedades encaminadas a permitir el triunfo del partido de gobierno en las elecciones próximas, no obstante que las encuestas más recientes, como la de la CID-Gallup, señalan que el candidato inconstitucional, pese a la millonaria propaganda, al uso ilegal de bienes y locales del estado para promover su candidatura y la manipulación de los jóvenes y de los estudiantes de los institutos nacionales, no ha logrado superar el porcentaje minoritario del 38%, que es el mismo con el que ganó las elecciones de 2006, la ciudadanía debería organizar, junto con los organismos de la sociedad civil, los partidos políticos y los empresarios, una gran movilización nacional demandando la observación nacional e internacional inmediata. Según la encuesta ya mencionada, 7 de cada 10 nicaragüenses están demandando la observación electoral.

En 1990, la presencia del Centro Carter y de la OEA, impidió que a doña Violeta Barrios de Chamorro se le robara su triunfo electoral. A partir de 1996, un grupo de ciudadanos, entre los que recuerdo al Dr. Emilio Álvarez Montalbán, el Dr. Roberto Calderón, de grata memoria, el Lic. Sergio Denis García, la Profesora Digna Zamora de Corea, y el suscrito, fundamos “Ética y Transparencia”, que desde entonces ha tenido una trayectoria de seriedad y responsabilidad, que le ha ganado mucho prestigio y la credibilidad de la opinión pública nacional e internacional.

La ciudadanía, frente a este panorama, no debe sumirse en el pesimismo ni la indiferencia. Al contrario, debe adoptar una actitud beligerante y acudir masivamente a las elecciones del 6 de noviembre próximo, para impedir cualquier intento de fraude y constituirse en un observador de lo que suceda, y estar lista a denunciar cualquier anomalía."

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